El anuncio del ministro Pardow —en punto de prensa en el Congreso el 13 de noviembre— de botar cientos de millones de dólares al tarro de la basura pasó desapercibido. Su comunicación viene a coronar una larga crónica de mala economía y peor política.

La historia comienza a fines de 2019, cuando el gobierno de entonces congeló las cuentas de luz por 34 meses. Si bien la medida resultaba entendible dada la convulsión del momento, se olvidó que cuando un precio entra por decreto al congelador después es muy impopular sacarlo de ahí.

El congelamiento de precios se hizo por medio de una ley que intervino los contratos entre generadores y distribuidoras. Los generadores debieron postergar los reajustes que les correspondía aplicar a las distribuidoras, acumulando una cuenta por cobrar que fue creciendo en el tiempo. Se congeló también el “valor agregado de distribución” (VAD) que las distribuidoras cobran a los consumidores.

Cuando en julio de 2022 se acercaba el término de la fijación de precios, el Gobierno actual, ad portas del plebiscito del 4 de septiembre —la coincidencia no es casual—, la extendió dos años más. Con la inflación recrudeciendo, lo adeudado a los generadores se descontroló, alcanzando 6.000 millones de dólares.

Terminado el nuevo plazo, este año el ministro Pardow aprobó una ley que ponía rápidamente al día los precios y saldaba en diez años la deuda pendiente. Previendo un impacto significativo en las cuentas de luz, se incluyó un subsidio para 1,6 millones de hogares vulnerables, financiado con recursos generales de la nación. Por esa vía, se postergó de facto el alza a dichas familias hasta fines de 2026.

A poco de promulgada la ley, los parlamentarios se sorprendieron del alza que sobrevendría en las cuentas de luz, como resultado de la norma que ellos mismos aprobaron. Quizá no recordaban exactamente cómo fue que la aprobaron —se ha puesto de moda el recuerdo difuso—. Sorprende en todo caso su sorpresa. La cuenta de luz debía subir cerca de un 60%, similar al alza experimentada por muchos otros bienes, como la bencina, entre fines de 2019 y la fecha. No tiene nada de novedoso que los precios suban 60% después de estar un quinquenio fijos —con una inflación récord de por medio—, pero las críticas arreciaron igualmente.

El ministro Pardow, entonces, con la elección municipal acercándose —otra coincidencia no casual— anunció la ampliación del subsidio desde los originales 1,6 millones de hogares a 4,6 millones. Ello requería de 350 millones de dólares anuales, pero no tuvieron la aprobación de Hacienda.

Ante la negativa, el ministro Pardow concibió un “principio de autocontención”, tan novedoso como distorsionador. Conforme a este, los nuevos subsidios se financiarían “al interior” del sistema eléctrico, para no afectar a otros sectores. La irracionalidad del “principio” es manifiesta. Es como si, para cerrar los déficits de Fonasa, se pusiese un impuesto a las clínicas para “autocontener” el problema al interior del sistema de salud. Un sinsentido.

El ministro, sin embargo, entusiasmado con su nuevo “principio” y empeñado en llevar el subsidio a 3 millones más de hogares, envió un proyecto de ley que buscaba financiarlo “al interior” del sistema eléctrico. Ello se haría por la vía de: (1) el mayor IVA a recaudar por el alza de precios; (2) la suspensión de beneficios —hoy consagrados por ley— a los Proyectos Medios de Generación Distribuida (PMGD); y (3) un (nuevo) “impuesto a las emisiones”, de 5 dólares por tonelada de CO{-2} emitida.

Lo del IVA, ya en medio de tanta distorsión, pasa por inocuo. En cuanto los PMGD, si bien parece necesario revisar la racionalidad económica de su fomento, lo que no debería estar en discusión es el cumplimiento por parte del Estado de reglas del juego al amparo de las cuales el sector privado ya ha financiado —y continúa financiando— ingentes inversiones. El ministro juega aquí con el prestigio de Chile como destino de inversiones.

En cuanto al nuevo “impuesto a las emisiones”, ocurre que no es tal. Cuando las termoeléctricas emiten lo hacen por obligación, porque la decisión de cuándo y cuánto generar recae en el Coordinador Eléctrico, conforme a un ordenamiento de costos variables que excluye al impuesto. Se sigue que el “impuesto a las emisiones” no reducirá ni un gramo la emisión de CO{-2}: gravará a las termoeléctricas solo porque llevan ese nombre, resultando puramente recaudatorio, amén de discriminador. Se agrega a ello una incoherencia propia del Teatro del Absurdo, consecuencia directa del “principio de autocontención”: las termoeléctricas “se pagarán” de lo que se les adeuda con impuestos que recaerán sobre ellas mismas, pudiendo incluso “salir para atrás”. La afectación de sus márgenes suscita dudas sobre la estabilidad del sistema eléctrico a futuro, que depende crucialmente de la generación termoeléctrica durante la noche.

Y ahora, el último capítulo. A la oferta de nuevos subsidios llegó solo un décimo de los 3 millones de hogares que esperaba el ministro, lo que abrió el apetito político por gastar los cientos de millones de dólares que van a sobrar. El ministro, entonces, acogiendo una iniciativa parlamentaria, anunció que los “excedentes” se usarían ahora para subsidiar la instalación masiva de paneles solares en los hogares. Punto de prensa y fotos alegres en el Congreso.

Ocurre, sin embargo, que lo único que parece sobrar es la generación solar. Una parte de ella no puede inyectarse a un sistema eléctrico ya saturado en horario diurno: su precio spot es cero y debe “verterse”. Así, por cada nuevo panel solar en un hogar, tendrá que salir otro del sistema para darle espacio al nuevo. Se gastarán entonces ingentes recursos, financiados con las distorsiones ya reseñadas, pero la energía en el sistema no aumentará ni un mísero kwh. Y bueno, eso es botar cientos de millones de dólares al tarro de la basura.

El autor ha sido asesor de algunas empresas afectadas por las políticas aquí descritas.