“El Presidente, cumpliendo lo mandatado por el art. 45 de la Constitución aprobada dos años atrás, ha terminado con las AFP, traspasando así los casi 190 mil millones de dólares administrados por dichas entidades al nuevo Sistema de Seguridad Social Público. El cuerpo legal fue aprobado por prácticamente la unanimidad del Congreso de Diputadas y Diputados, con la sola excepción de la derecha principista —corriente política en vías de extinción—. Un emocionado Gabriel Boric anunció Feriado Plurinacional.

En adelante, las cotizaciones previsionales irán en su totalidad a un fondo común administrado por el Estado, cuya primera inversión será prestarse más dinero a sí mismo, ya que precisa endeudarse masivamente para financiar el nutrido catálogo de derechos sociales, económicos y culturales que establece la Constitución. Se recordará que la palabra “derecho”, en singular o plural, aparece 422 veces en el texto aprobado. En este contexto, se prevé un crecimiento del gasto público de entre 35% a 55% para este año, en línea con las estimaciones que en su oportunidad hicieran Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara.

Los mercados, consecuentemente, han venido aumentando el costo de crédito al Gobierno de Chile. La antigua preferencia por los bonos soberanos de nuestro país, a pesar de que pagaban 3% menos de interés anual en comparación con el promedio de sus pares de América Latina, se ha esfumado. Ello ha causado un marcado aumento de tasas de interés en el mercado local, en tándem con una inversión que viene cayendo a ritmo superior al 10% en lo que va del año.

Además del costo del crédito, lo que está afectando adversamente a la inversión es el inminente envío a tramitación al Congreso de la ley de Autonomías Territoriales Indígenas, conforme lo mandata el art. 234 de la nueva Carta. Penden en el aire las competencias institucionales, ¿de quién dependerán, a fin de cuentas, los permisos sectoriales de inversión? Sectores como el minero y forestal están con decisiones congeladas a la espera de lo que se piensa será una dilatada discusión legislativa.

En otro plano, la flamante Defensoría de la Naturaleza, organismo creado por mandato del art. 148 de la nueva Constitución, también ha dado que hablar. Apoyada en el trabajo de sus diez mil funcionarios —nada de qué extrañarse porque Conaf tiene una planilla similar—, la Defensoría ha iniciado acciones de tutela constitucional en favor de cerdos, vacas, pollos y salmones, lo que ha causado natural inquietud en las industrias que crían, engordan, faenan y despostan a estos seres “sintientes”

Podríamos continuar con la ucronía —el ejercicio de ficcionar el pasado—, pero la dejaremos hasta aquí. No vaya a ser que de tanto estremecerse pensando “lo que habría ocurrido si…”, el lector termine mirando demasiado contento el presente y baje la guardia. Al respecto, dos reflexiones revisten importancia.

Veamos. El 4 de septiembre de 2022, los chilenos, conservadoramente, rechazaron la temeraria aventura política que ofrecía la Convención. Pero otro 4 de septiembre, algo más de medio siglo atrás, los chilenos sí optaron por una aventura de marca mayor: ni más ni menos que la vía chilena al socialismo. ¿Por qué fueron conservadores en 2022, pero no en 1970?

Porque para ser conservador hay que tener algo que conservar y en 1970, después de medio siglo de decadencia, eran muchísimos los compatriotas que tenían poco o nada que conservar. Un tercio de los hogares urbanos carecía de agua potable y dos tercios, de conexión al alcantarillado, lo que da una idea de la extensión de los “campamentos” en un país que tenía una expectativa de vida tan baja como la que hoy tienen Mozambique o el Congo (60 años). En 2022, en cambio, no obstante todos los problemas, aún teníamos fresca la experiencia de un salto sin par ocurrido en el espacio de una sola generación: la multiplicación por tres del ingreso per cápita entre 1987 y 2014 y la transformación de Chile en un país de propietarios, con notable aumento en la esperanza de vida (de 60 a 80 años). Contraviniendo la febril retórica antimercado de la mayoría de los convencionales, los chilenos en 2022 sí tenían mucho que conservar como para abrazar aventuras temerarias como la que proponían aquellos.

Ahí tenemos la primera reflexión: el antídoto para las aventuras temerarias es el progreso, mientras que su campo fértil es la decadencia. Por eso, si en Chile continúa asentándose la decadencia —un paupérrimo crecimiento del PIB el último decenio, deterioro de la paz social y el masivo regreso de los “campamentos”, por nombrar los indicadores más evidentes—, nada hay que impida que en una o dos décadas más los votantes sí abracen una aventura tan temeraria como la que rechazaron en 2022.

Y ahora la segunda reflexión: la propuesta constitucional de la Convención se rechazó, pero sus ideas continúan vivas. Muchas datan de antes, percolan hoy a todo el aparato público y las sufrimos cotidianamente, aun sin cambio constitucional. No tenemos Defensoría de la Naturaleza, pero todos los años el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza, posterga vía innumerables observaciones o “termina anticipadamente” miles de millones de dólares de iniciativas de inversión privada, mientras la Superintendencia del Medio Ambiente hace de la práctica normativa en diversos sectores una adversaria frontal de la producción. No tenemos precepto constitucional que obligue a un sistema público de seguro social, pero el Gobierno sigue haciendo lo imposible por consagrar un esquema de reparto intergeneracional, con el consiguiente impacto en cuanto a impuesto al trabajo. No tenemos autonomías territoriales indígenas, pero sí cuerpos legales como la Ley Lafkenche, que han hecho a vastas actividades económicas rehenes de grupos particulares que usan la causa indígena con propósitos evidentemente pecuniarios.

La decadencia que comienza a asentarse en Chile, entonces, se ve también nutrida por la puesta en práctica, de modo reforzado en esta administración, de muchas de las ideas que subyacían a la propuesta constitucional rechazada.

¿Qué se ganó, entonces, el 4 de septiembre de 2022? Una batalla contra la aventura política temeraria. Una batalla, pero no la guerra.