Primero, las cosas por su nombre. La Real Academia Española define “golpe de Estado”. Citamos: “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Huelgan disquisiciones. Lo del 18-O fue un golpe de Estado, sin adjetivos.

Las palabras importan. Hay que distinguir “revuelta” de “golpe de Estado”. Por ejemplo, la violencia que se desató después del crimen de George Floyd en Estados Unidos califica de “revuelta”; la toma del Capitolio, en cambio, tuvo trazas de golpe de Estado. Una revuelta tiene efectos acotados; un golpe de Estado, en contraste, tiene consecuencias impredecibles, que pueden extenderse por muchos años.

¿Cuáles han sido las consecuencias del golpe del 18-O?

En lo económico, interesa conocer su impacto en crecimiento. Para ello, debemos indagar qué ocurrió con el valor del capital de la economía, porque sus cambios, cuando son notorios y persistentes, usualmente presagian el devenir económico futuro. Así, por ejemplo, el hundimiento bursátil de Chile en 1981 precedió a la gran recesión de 1982 y al estancamiento subsecuente; por su parte, el auge accionario que comenzó en la segunda mitad de los ochenta y se extendió hasta entrados los noventa, se correspondió con el decenio en que Chile exhibió el mayor crecimiento económico del hemisferio occidental (1987-97). Aquí no hay magia. Caídas generalizadas de acciones reflejan mayor riesgo percibido y menor actividad económica esperada, al tiempo que desaceleran la inversión; mutatis mutandis en el caso contrario. Si queremos avizorar las consecuencias del 18-O en crecimiento económico, toca ver, entonces, qué ocurrió con el valor del capital.

Veamos. El índice accionario IPSA, medido en dólares, cae 13,9% entre el 18-O y el 30 de diciembre del mismo año. Ello equivale a una caída en el “valor empresa”, el capital entendido económicamente, de aproximadamente 6,5%.Cuando la bolsa cae tan agudamente, signa una caída en el valor de todos los activos de la economía. Con una relación de capital sobre producto del orden de 2,82 para 2019, la pérdida de valor del capital en la economía se puede estimar entonces en unos 18,4 puntos del PIB, esto es, aproximadamente 51.000 millones de dólares, usando el PIB de ese año.

La cifra equivale al 11% del valor total de las viviendas del país en 2019 (referencia Banco Central). Es como si un cataclismo hubiese destruido al menos una vivienda por cuadra en todo Chile.

No nos hemos recuperado de ello, lo que no debiera sorprender si se considera que, también a consecuencia del golpe, llevamos cuatro años de incertidumbre constitucional. El IPSA en dólares es todavía 6% más bajo que el que prevalecía en septiembre de 2019, al tiempo que se ha venido rezagando notoriamente respecto de otros índices bursátiles globales con los cuales antes guardaba una relación tendencial cercana, cuando se consideraban periodos extendidos, de 15 o más años.

La significativa pérdida de valor del capital presagia perspectivas magras de crecimiento, lo que ya se evidencia en una alarmante destrucción de empleos, depresión en la construcción y sorpresas adversas en recaudación fiscal.

Le ha tocado al Presidente Boric enfrentar esta consecuencia. El estancamiento económico ha dejado a su agresiva propuesta de aumento de carga tributaria fuera de lugar y, consecuentemente, a su programa totalmente desfinanciado.

Pero no ha sido la única consecuencia que ha debido enfrentar. La violencia que acompañó al golpe, que rápidamente devino en anomia, ha obligado al Presidente a decretar 36 estados de excepción —todo un récord— así como a promulgar múltiples iniciativas en seguridad, tema originalmente relegado a un segundo lugar en su priorización programática.

En lo social, el golpe obligó a la clase política a acoger la demanda social por mayores pensiones, el clamor más escuchado en la multitudinaria concentración del 25 de octubre de 2019. La respuesta fue la PGU que, aunque promulgada políticamente a deshora —febrero de 2021— no adecuadamente financiada y con un diseño regresivo, ha contribuido sin embargo a bajar la intensidad de dicha demanda social. Así, mientras la Encuesta CEP de diciembre de 2019 sindicaba a las pensiones como el tema más preocupante para la ciudadanía, con un 64% de menciones, en la última encuesta dichas menciones se habían reducido a menos de la mitad.

En lo político, el golpe obligó al Presidente Piñera a gobernar con un parlamentarismo de facto, lo que dio paso a los retiros previsionales. Aunque adversos en múltiples sentidos, los retiros terminaron con el mito urbano de que la plata administrada por las AFP no estaba en los Fondos de Pensiones, revalorando así el derecho de propiedad individual sobre estos.

Los retiros, combinados con la PGU, esfumaron el ánimo ciudadano para depositar esperanzas —y menos dinero— en un gran fondo público de previsión social, enarbolado como panacea en el programa del Presidente Boric para atender el problema previsional.

Así las cosas, el Presidente, aunque no protagonista del golpe, pero sí condescendiente con la violencia del momento, ha terminado bebiendo de la cicuta que aún mana de aquel: virtual estancamiento económico, que ha reducido su programa de gobierno a una miscelánea de ideas desfinanciadas; violencia virulenta, que lo ha obligado a apoyarse, una y otra vez, en las Fuerzas Armadas a las que antes denostaba; y revalorización del derecho de propiedad, que ha dejado a la concepción original de su reforma previsional —su primera prioridad programática— sin mayor apoyo ciudadano.

Y bueno, no hay que sorprenderse de este efecto “búmeran”. Porque tratándose de golpes de Estado, se sabe cómo parten, pero nunca cómo terminan.