Se aprende bastante de economía con solo recorrer Santiago Centro. Se observa, de un lado, una proporción notoria de locales cerrados, múltiples avisos de “Se Arrienda”, rayados por doquier y depreciación de las construcciones —algunas protegidas incluso con latones—. De otro, se aprecia el comercio callejero desatado, al punto que a veces cuesta abrirse paso.

Vamos ahora a la economía. Los propietarios del comercio establecido pagan IVA, impuesto a la renta, patente, derechos de aseo y contribuciones. Por sobre el salario líquido de sus empleados pagan cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía. Y deben agregar las provisiones de indemnización en caso de despido, además de estar en regla, con una nutrida batería de permisos.

En contraste, el comercio ilegal no paga ni cumple nada. La carga sobre el comercio establecido supera varias veces la del comercio ilegal.

Hasta antes del 18-O, dicha diferencia de cargas era muy similar a la de hoy. Pero entonces primaba una ecuación relativamente equilibrada, donde la mayor carga sobre el comercio establecido se correspondía con la provisión por parte del Estado de un servicio esencial: orden público, que mantenía la ilicitud a raya. Eso cambió después del 18-O. El Estado mantuvo las mismas obligaciones al comercio establecido, pero dejó de otorgarle suficiente protección contra la delincuencia, el vandalismo y el comercio callejero. Dejó de aportar su parte en la ecuación.

Cuando la ecuación se desequilibra, las cuentas del comercio establecido dejan de cuadrar. Ello ocurre vía dos efectos: de sustitución y de ingreso.

Veamos. Cuando la autoridad baja los brazos ante el comercio ilícito —por no hablar del llamado de la alcaldesa a promoverlo con entusiasmo—, emerge donde antes no existía, porque tiene ventaja de costos. Opera el efecto sustitución: consumidores que compraban su merienda en el local de la esquina comienzan a comprarla en la calle, a menor precio. Cierra el local de la esquina.

Del efecto sustitución no se libra nadie. Se recordará que el propio ministro de Hacienda, en un descuido, compró flores en la calle, con quejas del comercio establecido.

Asimismo, el aumento de la ilicitud induce el contagio. La deshonestidad sube entonces de grado, penetrando incluso canales formales. Botón de muestra: hace poco, en San Diego —a solo una cuadra de La Moneda—, fueron incautados 193.000 libros pirateados, que se vendían en algunos locales establecidos. Dicha oferta ilegal —toda una industria— ha sustituido a numerosas librerías que, cumplidoras de la ley, tuvieron que bajar la cortina.

Vamos ahora al efecto ingreso. El retiro del Estado abre paso a la anomia. Al recurrente vandalismo a que nos hemos venido acostumbrando se ha agregado el crimen. La tasa de homicidios en la comuna de Santiago ha subido 173%, desde 2018 (CEAD), llegando a superar, con distancia, el umbral donde la situación se califica como “sin control”. La inseguridad de la comuna percola a Santiago Centro, precipitando el éxodo. Emerge entonces la vacancia de oficinas —aparecen los “Se Arrienda”— y opera el efecto ingreso: cae la demanda total y comienzan a no cuadrarles las cuentas incluso a los clásicos. Cierran el Bar Nacional y muchos otros. Migran a otras comunas, siguiendo a la demanda que se desplazó.

Todo ello termina por alcanzar a la inversión. La notoria depreciación de las construcciones céntricas es indicativa de una inversión privada que, muy plausiblemente, ha cesado casi por completo.

Hasta ahí la economía de Santiago Centro. Lo que ocurre en ese microcosmos comienza a observarse también en el resto de Chile. La ecuación que está haciendo agua es idéntica: la carga que el Estado impone sobre la actividad económica comienza a no corresponderse con los servicios mínimos que solo aquel puede otorgar.

En efecto, la incapacidad del Estado para garantizar el orden público es también notoria en múltiples puntos del país. La tasa de homicidios a nivel nacional —y se podrían citar otros indicadores— ha escalado 34% desde el 18-O. Pero no es lo único que el Estado está incumpliendo. Especial énfasis merece también la aguda incertidumbre jurídica asociada a los procesos de inversión —desde kafkianas Evaluaciones de Impacto Ambiental a la lentitud indolente en la recepción municipal— que viene manifestándose de mucho antes, y que también ha recrudecido.

Al igual que en Santiago Centro, en Chile también se está afectando la inversión. Entre 2010 y 2018, creció a una tasa compuesta del 3,4% anual; entre 2018 y 2023, en cambio, habrá crecido solo al 1,5% anual (estimación de último IPoM para 2023).

La ecuación entre las cargas que impone el Estado y los servicios mínimos que le corresponde otorgar cobra especial relevancia. El Gobierno anunció que irá, nuevamente, por carga tributaria de magnitud relevante, para solventar promesas electorales, y también por aumentos de cotizaciones previsionales, con las cuales busca elevar de inmediato las pensiones, por lo que devendrán en impuestos al trabajo. Todo ello, sin acometer antes los mínimos deberes que al Estado le son propios.

Cuento corto: la ecuación ya está desequilibrada y corre riesgo de desequilibrarse aún más.