Plagiando un poco a Benjamín Franklin, podríamos decir que, en Chile, además de la muerte hay solo una certeza: con cada nuevo Presidente, suben los impuestos.

En efecto, tras los recientes anuncios del ministro Marcel, que son consistentes con el programa del Presidente Boric, nos encaminamos a la quinta alza tributaria en diez años. No hay exageración en ello. Se recordará a Piñera I, que con motivo del terremoto de 2010 aumentó el impuesto específico a la minería y elevó el impuesto corporativo a 20%, alza esta última que haría permanente con la reforma tributaria de 2012; luego, la reforma tributaria de Bachelet II, que llevó el impuesto corporativo a 27% y eliminó la integración total entre el impuesto a las empresas y las personas; posteriormente, la reforma de Piñera II, que elevó la tasa máxima del impuesto global complementario y creó la sobretasa de impuesto territorial y, finalmente, el alza de impuestos que tuvo lugar con motivo del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, que aumentó la sobretasa antes mencionada, creó un impuesto patrimonial a bienes de lujo, y eliminó varias exenciones.

Sin embargo, la reforma tributaria que viene en camino amenaza superar con creces a todas las anteriores juntas, porque busca extraer del sector privado 5 puntos del PIB, aumentando así la recaudación permanente del Estado en un 25%.

Si bien se sabe el tamaño del animal —los 5 puntos del PIB que se buscan recaudar— desconocemos su anatomía. Sin embargo, sí puede hacerse un “cálculo de servilleta” —para la conversación de sobremesa de este domingo—, relativo a su posible impacto sobre la inversión, teniendo a la vista lo que está planteado en el programa del Presidente Boric.

Vamos viendo. Bajo el régimen tributario actual, a un inversionista ubicado en el tramo más alto del impuesto global complementario (40%), que cumple a cabalidad con sus obligaciones tributarias, en un proyecto de inversión “marginal” que realice —un nuevo proyecto—, el fisco le quita el 44,4% de las utilidades que retire (flujo de caja del accionista). No es poco, si se tiene en cuenta que el “socio” Estado solo aparece cuando hay utilidades, pero no cuando hay pérdidas.

Ahora bien, ¿cuánto subiría lo que se lleva el fisco de una inversión marginal con la reforma que está por venir?

Si la reforma sigue lo delineado en el programa presidencial, la cosa sería como sigue. El inversionista continuará pagando el 27% como impuesto de primera categoría, pero cuando retire el 73% que le deja el fisco, no podrá descontar de la base tributable el 27% ya pagado, en virtud de la “desintegración” del sistema que se propone en el programa (página 166). Haciendo las nuevas cuentas —27% + 40% x 73—, la parte que se lleva el fisco pasaría de 44,4% a 56,2%.

Pero el asunto no termina ahí, porque el programa habla también de impuesto a los “súper ricos”, hoy rebautizado como impuesto a la riqueza. No sabemos qué tasa se tiene en mente, pero se ha hecho referencia al tributo patrimonial de Noruega, que asciende al 0,85%. Si el proyecto del inversionista reditúa utilidades, le aumentará su riqueza, dando lugar a una carga extra. ¿Cuánto aumenta la riqueza tributable como consecuencia de un nuevo proyecto de inversión? Una posible referencia podría ser la razón precio-utilidad (P/U), que mide cuántas veces la utilidad neta vale un activo. Tomando como referencia una P/U de 20,4 —el promedio alcanzado por las empresas IPSA en los últimos cinco años (2017-21)—, y la tasa noruega de 0,85%, obtenemos una carga adicional de (73% x 20,4 x 0,85%) = 12,7%. Se sigue que, de atenerse a lo delineado en el programa, el fisco pasaría de llevarse el 44,4% de las utilidades distribuidas de un nuevo proyecto, a algo cercano al 70% (12,7% + 56,2% = 68,9%). Huelga elaborar sobre las consecuencias de aquello en cuanto a incentivos a invertir y la correspondiente secuela en términos de actividad económica.

Consciente, pensamos, de las magnitudes envueltas, el ministro Marcel ha invitado a un diálogo social, indicando que se debe atender no solo los impuestos que se van a pagar, “sino también las obligaciones y responsabilidades que asume y debe cumplir el Estado”. Toca entonces preguntar, qué “obligaciones y responsabilidades” serían esas. Pues bien, siempre pueden concebirse nuevas funciones para el Estado, pero su primera obligación, aquella que le da su razón de ser, es ejercer efectivamente el monopolio de la fuerza de que está investido, para preservar el orden público y el estado de derecho. El Estado es insustituible tratándose de dicha obligación; si la incumple, deja de ser “Estado”. Se trata de la mínima contraprestación que debe entregar a los contribuyentes a cambio de los tributos, máxime si quiere aumentarlos. Pero el caso es que el Estado de Chile, tratándose de esta responsabilidad indelegable, está en abierto y total incumplimiento, como lo prueba la violencia ubicua en el sur de Chile, que hoy azota a 28 comunas incubando una guerra civil, la violencia callejera que afecta gravemente a múltiples ciudades del país, las usurpaciones de terrenos, el narcotráfico desatado, el comercio ambulante que alcanza dimensiones descomunales y la inmigración fuera de control.

¿Busca el Estado más impuestos? Que cumpla primero con su parte.