El gran peligro de la historia como disciplina es caer en el imaginario: la narrativa basada en la elección selectiva de ciertos aspectos del pasado, con propósito doctrinario. Como de la doctrina se pasa luego a la acción, los imaginarios históricos devienen peligrosos: constituyen materia fértil para políticos extremos que luego conducen a sus pueblos a aventuras de alto riesgo.

Es lo que está ocurriendo al interior de la Convención. En efecto, nutrida por imaginarios históricos, esta avanza hacia un texto tan refundacional como disfuncional, que apenas emboza un evidente ánimo de revancha.

Concurren al menos tres imaginarios históricos.

El primero es el “indigenista”, cuyo pilar fundamental nace de ignorar nuestra configuración mayoritariamente mestiza, resultado de 500 años de historia, para sustituirla por una concepción de Chile como un conjunto de naciones originarias disjuntas. Ello, en conjunción con un imaginario “regionalista” al que nos referiremos luego, ha conducido al abandono del concepto de Estado Unitario —contemplado en las Constituciones de 1823, 1833, 1925 y la actual—, sustituyéndolo por una suerte de república de estamentos, con distintos derechos según a qué estamento pertenezca cada cual.

A partir de dicha idea matriz, se ha derivado el planteamiento de que, en lo sucesivo, el voto de cada chileno no contará lo mismo, porque se prevén escaños reservados en la cámara política, y donde tampoco habrá igualdad ante la ley, como resultado de un pluralismo jurídico sin contornos definidos.

Los peligros que conlleva esta concepción son mayúsculos. De ratificarse, a corto andar, los resultados eleccionarios, que podrían terminar torciendo el sentir mayoritario, se harán tan insoportables como la desigualdad ante la ley. En el plano económico, el afincamiento de estamentos indígenas, amarrados a territorios específicos, induciéndolos a sumirse en un eterno colectivo ancestral, contraviene todo lo que conocemos acerca del progreso económico y social, que nunca ha florecido bajo autarquía cultural y económica.

Desde luego, la Constitución podría, y bien debería, incorporar elementos de acción afirmativa hacia los pueblos originarios, así como obligaciones que propendan a la preservación de patrimonios culturales y admitan otro tipo de reparaciones. Pero ello, que sería reconocer la historia, con toda su complejidad y matices, es completamente distinto a consagrar la desigualdad política y jurídica entre chilenos.

El segundo imaginario es el regionalista, que ha visto en nuestra conformación del Estado una sistemática subyugación de diversas “entidades territoriales” al poder central. Se trata de un imaginario recurrente, propio de nuestra fisonomía histórica que tiende a la disgregación; una suerte de inconsciente colectivo que añora el ancestral rol de los “Cabildos” y Municipios, sentir de proveniencia española pre-Borbónica, como bien anotara Jaime Eyzaguirre.

A partir de dicho imaginario se ha propuesto un “Estado Regional”. Se trata de un experimento de dimensiones descomunales y graves riesgos en cuanto a complejidad administrativa, finanzas públicas y potencial desaprovechamiento de economías de escala, como recientemente señalara José Pablo Arellano.

El tercer imaginario es aquel que nutre a la izquierda radical. Este concibe a nuestra historia como una larga secuencia de “traiciones”. Basta leer en el Canto General de Neruda los poemas a O´Higgins o a Balmaceda para advertirlo. Dicha izquierda, en episodios que signa traicioneros por antonomasia —los derrocamientos de Balmaceda y Allende, por ejemplo— ha responsabilizado al rol “obstructor” proveniente de los poderes Legislativo y Judicial.

Consecuentemente, en el diseño que comienza a emerger, los contrapesos de poder propios de una democracia moderna se debilitan: un régimen virtualmente unicameral, con un súper ministro elegido por la propia cámara política, a lo que suma un Poder Judicial más susceptible de ser influenciado políticamente, atendidos los elementos que conformarían al futuro Consejo de la Justicia.

Asimismo, la izquierda radical ha buscado perpetuar en la futura cámara la composición política de la Convención, con los ya referidos escaños reservados y la inclusión de “colectivos”.

Mención aparte merece el derecho de propiedad. Era esperable que la función social de la propiedad se ampliase, como se advierte que ocurrirá. Pero ello se estaría haciendo 1) sin establecer deslindes claros entre la carga que razonablemente pueda esperarse del propietario, de aquella que deviene expropiatoria, como podrían ser los criterios de gravedad, proporcionalidad e igualdad de las cargas públicas; 2) sin contemplar reglas especialmente estrictas para seleccionar jueces constitucionales, que tendrán que interpretar los referidos límites cuando sea el caso; y 3) sin establecer, inequívocamente, una sustitución del valor en dinero al expropiado.

Así las cosas, la arquitectura político-jurídica que emerge de la agenda de la izquierda radical amenaza con transfigurar la democracia constitucional en dictadura de mayorías, lo que, por lo demás, no debería sorprender a nadie.

El panorama es sombrío. Si bien las sombras no se agotan en la economía, resulta evidente que el diseño que emerge es disfuncional al crecimiento, lo que generará menos recursos para atender derechos sociales que, alguna vez se pensó, eran la principal razón de ser de este proceso.

Se ha señalado que hay que extender los plazos de la Convención, o modificar su metodología de trabajo, para que esta enmiende lo hasta ahora obrado. Pero ello es ilusorio, porque a la mayoría de la Convención la animan imaginarios de “la historia” que, como dijera Paul Valéry, “es el producto más peligroso que la química del intelecto haya elaborado… hace soñar a los pueblos, engendra en ellos falsos recuerdos…. mantiene intactas sus llagas, los atormenta en el reposo… y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas”.