El 13 de febrero, la portada de “El Mercurio” mostraba una joven tomándose una “selfie” en pleno centro de Santiago, con un carro policial en llamas como telón de fondo. Una semana antes, con motivo de los eventos de Panguipulli, una parlamentaria justificaba quemarlo todo. ¿Por qué no sacarse una “selfie” entonces con el incendio detrás?

Que la turba puede emprender acciones delictivas, es algo que siempre se ha sabido: corresponde a “un brote” de violencia. Sin embargo, cuando la violencia deviene sistemática y creciente, no enfrentamos un “brote”, sino una “epidemia”.

El fenómeno deteriora severamente al Estado de Derecho, ahuyenta a la inversión y merma el crecimiento. Consecuentemente, la epidemia de violencia, justificada a veces con alusiones a la injusticia social, generará más pobreza y desigualdad. Ello es de suyo evidente.

Algo menos evidente es que la epidemia delictual alimenta la comisión de otros ilícitos, que se propagan por todo el tejido social, conformando una epidemia de ilicitud. Detrás del carro policial en llamas de la “selfie”, hay un pequeño comercio ad portas de la ruina, que ve afectada su concurrencia y que además tiene que habérselas con el comercio ambulante sin control, que copa el espacio urbano, alentado por la policía que huye para salvar su vida (o evitar una querella). Entonces, el comercio establecido, intentando salvarse, incurre en ventas “sin boleta”; a su manera, también da un paso hacia el ilícito: una cosa lleva a la otra.

El pequeño paso a la ilicitud, va acompañado de una relajación de la autoimagen porque, como bien ha señalado Dan Ariely, los infractores no suelen verse a sí mismos como tales. En palabras del mismo autor, con cada paso hacia la deshonestidad, se “azucara” un poco la conciencia.

¿Cómo se “azucara” la conciencia? Por medio de preguntas que inducen al autoengaño moral. En el caso del pequeño comerciante, la pregunta podría ser: si el Estado no me protege, ¿por qué habría de pagar tributos?

No hay exageración en esto: la CNC estima que hasta septiembre del año pasado, mil millones de dólares de venta online originadas en Chile no pagaron impuesto alguno; una parte relevante provino del propio comercio establecido.

Siguiente ejemplo: 400.000 chilenos estafaron al Estado para cobrar el subsidio de clase media, causando un perjuicio fiscal de US$ 200 millones. Como cuando se relativiza la violencia, aquí también emergió el discurso de las injusticias sociales y los abusos de la élite, empleado esta vez para relativizar moralmente la estafa masiva. Los que incurrieron en el ilícito, bien pueden haberse preguntado: si la élite roba, ¿por qué yo no?

En un plano más grave, la violencia en La Araucanía, mezclada con el narcotráfico, arrasa con las faenas forestales, incendia camiones y maquinaria, ocupa predios, tala ilegalmente y vende luego lo robado; solo el año pasado hubo 80 atentados de ese tipo. Pero alguien tiene que haber transportado la madera robada. Pues bien, el caso es que ya había transportistas involucrados en otras actividades ilícitas, llevando, por ejemplo, merluza común pescada ilegalmente, cuyas ventas el año pasado alcanzaron a cerca de US$ 100 millones anuales (Comité Merluza Común).

Lamentablemente, ello tampoco es mucha novedad porque el contrabando de cigarrillos, que también involucra transporte interno, viene subiendo desde un 2% del consumo en 2010 a más de un 20% a la fecha, totalizando ventas anuales cercanas a US$ 300 millones. Alguien también transporta el cobre robado, que el año pasado habría alcanzado dos mil millones de dólares.

Las bandas criminales, entonces, no funcionan como compartimentos aislados: arrastran a muchos más al microdelito en cada eslabón de la cadena —el transporte es solo un ejemplo—, y, en cada caso, la conciencia de cada uno se “azucara” por el mismo tipo de pregunta que induce al autoengaño moral. Si fulano transporta pescado o cigarrillo ilegal, ¿por qué no puedo llevar cobre robado? Y si ejercer el transporte legítimo de madera acarrea riesgo vital, ¿por qué no sumarme, haciendo vista gorda, a transportar madera robada?

La cosa no termina ahí. Chile es tercero del planeta en consumo per cápita de marihuana. El pequeño feriante que ya ha vendido cigarrillos ilegales, quizá “peccata minuta” a sus ojos, bien podría dar un paso más y vender Cannabis, ¿por qué no?

Por su parte, la logística del contrabando de cigarrillos, desde países tan distantes como Corea del Sur, bien pudo haber facilitado el creciente tránsito de droga en sentido inverso; no por nada Chile es hoy el tercero del mundo en despachos de cocaína a Oceanía (UNODC). Es evidente que hay “economías de ámbito” entre uno y otro delito y que ambos involucran microdelitos de terceros.

Finalmente, entre el tránsito de cocaína y el negocio de marihuana, se mueven unos tres mil millones de dólares anuales, lo que permite al Crimen Organizado ocupar militarmente el territorio, como está a ojos vista en La Araucanía y en vastos sectores de la capital.

¿Tenemos real voluntad de enfrentar esta epidemia? Como en las preguntas anteriores, podríamos autoengañarnos moralmente en la respuesta. No nos azucaremos.